Políticas de Alquiler para vivienda social

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¿Cuál debe ser el balance de los derechos de los propietarios vs. los derechos de los inquilinos?
¿Cómo incentivar la generación de oferta de vivienda para alquiler social?

A pesar de los avances de los últimos años especialmente en países como Brasil, Chile, Colombia México y Uruguay, el déficit habitacional en América Latina y el Caribe (ALC) se ha mantenido relativamente estable desde el inicio de la última década (ONU-Hábitat, 2015). No obstante, el arrendamiento como tipo de tenencia ha tenido un aumento sostenido desde el año 2000. De acuerdo con la CEPAL, para 2019, el 21% de los hogares urbanos en ALC vivía en arrendamiento. 

Aunque las razones para dicho aumento al interior de cada país son distintas, hay al menos tres generalidades en esta tendencia:

(1) La composición de los hogares ha cambiado. En particular, los hogares unipersonales conformados por jóvenes profesionales, ancianos y divorciados han aumentado y con ello el número de arrendatarios de estas características ha resultado ser prevalente (Blanco et al., 2014).

(2) La incapacidad para costear una vivienda propia, y la conveniencia entre la ubicación, la movilidad y el empleo, son las principales razones que arguyen los inquilinos que optan por el arrendamiento como solución de habitabilidad (McTarnaghan et al., 2016).

(3) Los hogares de menores ingresos presentan dificultades para acceder a el arrendamiento formal -entre otras, por los precios y las garantías solicitadas para el contrato-, siendo los esquemas informales los prevalentes para este segmento de la población (Calderón, 2104; Parias Durán, 2008).